El eco de los pasos sobre las piedras milenarias de Machu Picchu suele evocar misterio y respeto, pero recientemente ha comenzado a resonar con el tono áspero de un escándalo financiero. Bajo las nubes que coronan los Andes, la Contraloría General de la República ha desenterrado una grieta que no pertenece a la arquitectura inca, sino a la gestión pública peruana. Un informe detallado ha puesto al descubierto que, durante meses, el Estado permitió que miles de turistas accedieran a una de las rutas más exclusivas de la ciudadela sin pagar un solo centavo, provocando un agujero económico que ya supera los tres millones seiscientos mil soles.
El foco del conflicto se encuentra en la Red de Caminos Inca, el legendario sendero que miles de viajeros recorren cada año para alcanzar la maravilla del mundo. Según el organismo de control, un presunto error de configuración en la plataforma digital de venta de entradas permitió que más de veinticuatro mil boletos incluyeran, de manera gratuita, el acceso a la denominada Ruta Realeza Diseñada. Este circuito, conocido técnicamente como la Ruta 3-B, atraviesa sectores de un valor histórico incalculable, como el Templo del Cóndor y los recintos ceremoniales, y debería haber tenido un costo adicional según el tarifario oficial vigente.
Entre agosto de 2024 y mayo de 2025, la plataforma estatal de venta virtual se convirtió en una puerta abierta sin vigilancia. Mientras los turistas disfrutaban de los andenes agrícolas y las estructuras sagradas, el erario nacional dejaba de percibir ingresos fundamentales para la conservación del patrimonio. La Contraloría ha señalado a nueve funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Cultura como presuntos responsables administrativos y civiles de esta negligencia. Estos servidores, vinculados a áreas de tecnología, estadística y tesorería, habrían validado y mantenido un sistema que ignoraba deliberadamente las normas de cobro establecidas.
La trama se vuelve más compleja al observar los intentos fallidos de corrección. En febrero de 2025, la opción de acceso gratuito fue retirada temporalmente tras detectarse la anomalía, lo que desató una ola de reclamos por parte de los operadores turísticos en Cusco. Ante la presión y la confusión administrativa, la plataforma volvió a habilitar el beneficio indebido, permitiendo que la pérdida económica siguiera creciendo durante tres meses más. Solo en mayo se aplicó una corrección definitiva, pero para entonces el daño ya estaba hecho y, según advierte el informe, la cifra del perjuicio podría incrementarse a medida que los boletos ya vendidos sean utilizados en el futuro.
Este episodio deja una mancha en la gestión del sitio arqueológico más importante de Sudamérica. Lo que debió ser un proceso de modernización digital para facilitar el turismo se transformó en una vía de escape para recursos públicos vitales. Mientras la justicia determina el grado de culpabilidad de los involucrados, Machu Picchu sigue recibiendo a miles de visitantes, recordándonos que la preservación de la historia no solo depende de la solidez de sus muros de piedra, sino también de la transparencia y el rigor de quienes tienen la responsabilidad de administrarlos.
