Vivimos en la era de la opinión libre, donde el púlpito lo ha reemplazado una pantalla brillante. El gurú de las finanzas tiene dieciocho años, el experto en salud es un aficionado al gimnasio, y el consejero de vida es la persona que mejor edita sus videos. Esta nueva realidad ha democratizado la información, pero ha abierto la puerta a un torrente de consejos, a veces bienintencionados, a menudo peligrosos, sobre temas que realmente deberían estar reservados a quienes han dedicado años de estudio.
La figura del influencer sin credenciales se ha convertido en una espada de doble filo: por un lado, conecta de forma auténtica; por otro, difunde recetas médicas, inversiones arriesgadas o planes de seguridad sin una base técnica real. Ahora, ese reinado sin títulos podría tener los días contados.
Desde el Congreso Nacional en Brasil se ha puesto en marcha un proyecto de ley que busca trazar una línea muy clara en la arena digital. La propuesta no se opone a la creatividad ni al entretenimiento, pero sí exige responsabilidad en asuntos de alto riesgo. El Proyecto de Ley es una advertencia para aquellos creadores de contenido que, sin contar con la formación académica, la certificación técnica o la cualificación profesional compatible, se aventuran a dar consejos sobre temas sensibles.
El legislador detrás de esta iniciativa no busca silenciar voces, sino proteger a la audiencia. Su justificación es poderosa: el consumidor digital merece estar seguro, tanto en su salud como en su bolsillo. ¿Debería alguien sin un título en nutrición dictar dietas extremas? ¿Debería un aficionado al azar promover inversiones financieras sin entender el riesgo legal? El proyecto de ley dice que no.
La propuesta es específica y abarca áreas donde el conocimiento inexacto puede ser dañino o catastrófico. La lista de temas prohibidos para los influencers sin formación incluye, entre otros, la recomendación de medicamentos, terapias médicas, bebidas alcohólicas, tabaco, plaguicidas agrícolas y, de manera crucial, productos y servicios bancarios o financieros complejos. En esencia, si el contenido puede poner en riesgo la salud, la seguridad o la propiedad del espectador, solo podrá ser abordado por un profesional acreditado.
Esto no es solo una restricción para la creación de contenido orgánico, sino que extiende su alcance a las lucrativas campañas publicitarias. Un influencer no cualificado no podrá participar en la promoción de estos temas sensibles, cerrando una vía importante de ingresos que, hasta ahora, financiaba la difusión de consejos sin sustento.
El proyecto de ley se dota de dientes a través de un sistema de sanciones progresivas. Las primeras infracciones se saldarán con amonestaciones, pero el incumplimiento continuado puede derivar en multas diarias que escalan a cifras significativas. En los casos más graves o de reincidencia, la penalización es radical: la suspensión temporal de la cuenta del influencer hasta por noventa días. Es una señal clara de que la ligereza con la que se aborda la información técnica en línea podría estar llegando a su fin. La nueva era digital podría exigir que, junto a la cámara y el anillo de luz, se coloque un título universitario.
